Hace solo un mes hemos podido conocer la noticia referente a la Ley de Subvenciones, que a partir de ahora se aplicará a la Prevención de Riesgos Laborales. Para todas las personas que trabajan en el sector, esta noticia, oficializada por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, supone someter a libre concurrencia las subvenciones del Estado para este tipo de actuaciones.

Hasta este momento, toda la prevención de riesgos laborales se canalizaba a través de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, como también se hacía con la formación profesional para el empleo. Por tanto, estamos frente a una reforma que implica la implantación de un modelo de gestión, lo que modificará todo el procedimiento y quitará a los agentes sociales el control de los riesgos laborales.

La prevención de riesgos laborales es una realidad cada vez más potente en todas las empresas y una asignatura pendiente en la mayoría de sectores en España. Con esta medida, se espera un avance en este sentido.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Subvenciones

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales nace tras la disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de nuestro país, con participación de las administraciones públicas y las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores. La Fundación se financia a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que fija cada año la cuantía de las aportaciones teniendo en cuenta el exceso que se genera en el último ejercicio y sin rebasar el límite de 25 millones de euros.

El objetivo principal de la Fundación es promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las empresas más pequeñas, que son las que a veces se quedan un poco fuera de los avances en este sentido. La Fundación presta ayuda para informar, asistir técnicamente cómo formar y promocionar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos vigente en España.

Con la reforma actual, se implanta un nuevo modelo de gestión de esta fundación, en el que ya no será juez y parte en la publicación de las subvenciones, aunque seguirá participando en los concursos públicos que se convoquen tanto para programas sectoriales como para programas territoriales que sean programados. La idea de esta reforma es adaptar el sistema existente a la legislación sobre subvenciones que se aprobó hace un año, volviéndola más eficaz y eficiente.

A la explicación que han dado los responsables del departamento encargado se suman algunos datos. Por ejemplo, durante el ejercicio 2015, la Administración General del Estado dio a la Fundación más de 25 millones de euros, según consta en el informe de auditoría de las cuentas anuales de dicho ejercicio. De esta cantidad, 15 millones de euros correspondieron a la actividad ordinaria de la Fundación, y poco menos de 11 millones de euros se destinaron a la financiación, a través de subvenciones, donaciones y legados, para el desarrollo de los programas que se habían incluido en el Plan de Acción del año, previamente aprobado.

Aunque teóricamente la cuantía de las aportaciones patrimoniales se fija cada año, la reforma espera que se haga un uso más eficiente del dinero. Cabe recordar que el objeto de la fundación, como decíamos, es promover la mejora de las condiciones —con foco específico en las pymes—, un objetivo que persiguen los 103 miembros que la integran, de los cuales 52 corresponden a la Administración General del Estado y sólo 17 son los representantes de las comunidades autónomas, sindicatos y organizaciones empresariales.

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