El gobierno gallego declara la guerra a Airbnb

16/03/2017

Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharzyk son los creadores de Airbnb, una startup que nació en 2007 cuando estos tres amigos pusieron un colchón en el suelo para alquilar su espacio y así poder pagar sus deudas. Su primer beneficio operativo llegó poco después de la creación con una valoración de 30.000 millones de dólares y hoy en día es la principal empresa de hostelería del mundo, nada más y nada menos. A pesar de su supremacía en todo el mundo, en algunos lugares de nuestro país, Airbnb no es bienvenido. Hoy dedicamos este espacio a explicar qué está pasando con el gobierno gallego y porqué declara la guerra a Airbnb.

La guerra a Airbnb en España

En Galicia faltan solo algunos días para que entre en vigor el decreto de la Xunta que regula las viviendas turísticas. A partir de ese momento, no se podrá alquilar pisos, casas o habitaciones sin control a los turistas y en cambio, empezará a ser obligatorio hacer que toda esta oferta pague tasas a la Xunta y esté regularmente registrado. Quienes no se atengan a las nuevas normas, recibirán sanciones ya que no estarán cumpliendo con la nueva Ley de Turismo de Galicia. Las infracciones pueden ser consideradas desde leves a graves o lo que es lo mismo: multas desde 900 hasta 9.000 euros (y hasta 90.000 si existe reincidencia).

Lo curioso es que las sanciones se impondrán no solo a las personas propietarias de la vivienda sino también a las plataformas en las que se promocionan las viviendas, es decir, Airbnb.

El porqué de la guerra a Airbnb

El argumento que defiende la Xunta es que durante los últimos años ha proliferado la tendencia de alquilar por días o semanas, creándose empresas con páginas webs que ofertaban este tipo de alojamientos y que han despertado la reacción de los empresarios del sector turístico de la comunidad bajo el grito de denuncia por competencia desleal. Por este motivo el Consello de la Xunta ha aprobado un total de 6.000 viviendas turísticas que están pendientes de regulación y se calculan unos 30.000 alojamientos que están pendientes de registrarse. El destino como vivienda de uso turístico no será posible automáticamente; es decir, los concellos podrán decididr dónde y cuántas viviendas turísticas se pueden autorizar. Este último apartado de la ley es una respuesta a los casos de saturación turística que vive la Xunta, algo parecido al caso de Barcelona.

En el caso de que se prohíba la actividad por los estatutos de propietarios, la Xunta tampoco permitirá ejecutar la actividad turística.

Por tanto, dentro de muy poco, las personas que deseen usar su casa o una parte de ella como espacio de alquiler temporal vía Airbnb, tendrán que presentar una declaración responsable donde se manifiesta específicamente cumplir con los requisitos de la normativa y pagar las tasas que ascienden a 56,26€. Además se pide la licencia de ocupación y un seguro de responsabilidad civil. Después de esto, será la Xunta la encargada de la inscripción de oficio del establecimiento. Existirá también una limitación en el número de plazas y en el tipo de estancias, distinguiéndose de acuerdo al tiempo de permanencia en la vivienda turística. En cuanto a la fiscalidad, claramente los establecimientos deberán incluirse en la declaración anual de la renta pero estarán exentos de IVA.

En el caso de Barcelona, este mismo mes Airbnb ha estado en el ojo de la tormenta ya que la alcaldesa Ada Colau pretende hacer algo similar a lo que acabamos de comentar de Galicia. Es posible que, si sucede como algunos expertos dicen, el debate sobre Airbnb nos parecerá jurásico, una prohibición o regulación que no parece natural en un mundo digitalizado. Sin embargo, otra parte de la población considera que estas medidas podrían ayudar a regular el flujo turístico y equilibrar el sector turístico, asegurando la inexistencia de la competencia desleal.  Cada uno tiene su opinión y esta está muy bien diferenciada; al final de cuentas, las autoridades tienen la palabra y esperamos que también la razón.
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